Casañ ha reafirmado el compromiso del Ayuntamiento para “logar una ciudad más igualitaria, más integradora, más participativa y más solidaria. Un Albacete en el que todos sumemos”.
En el conjunto de España, actualmente se contabilizan 9.419 jóvenes con discapacidad (hasta 25 años) inscritos como demandantes de empleo, lo que representa el 1,9 % del total de desempleados jóvenes en España (502.900). Así consta en el informe “El mercado de trabajo de las personas con discapacidad 2019”, elaborado por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
La Fundación Adecco y JSK recogen en estos datos su cuarto informe “Jóvenes con Discapacidad, motor de futuro”, que han publicado, en una nota, con motivo de la celebración mañana, 12 de agosto, del Día Internacional de la Juventud.
El perfil de estos jóvenes responde al de un hombre (64 %), que reside mayoritariamente en Andalucía (22,7 %), Cataluña (15,6 %), Comunidad Valenciana (11,2 %) y Comunidad de Madrid (10,5 %). Estas 4 regiones concentran a 6 de cada 10 empleados con discapacidad menores de 25 años.
El trabajo de ambas entidades basa sus análisis en una encuesta a 300 personas con discapacidad entre 18 y 30 años. También está basado en análisis de portales oficiales como “El mercado de trabajo de las personas con discapacidad 2019”, del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE); “El empleo de las personas con discapacidad” del INE; o la “Encuesta Global Millennials 2019” de Deloitte. También se ha contado con el conocimiento experto de consultores en Diversidad e Inclusión de la Fundación Adecco.
Según Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco, “los jóvenes con discapacidad ven incrementadas sus dificultades y, para garantizar un futuro igualitario, en el que tengan las mismas oportunidades, es fundamental trabajar tanto con la empresa ordinaria como con los jóvenes”.
La Fundación Adecco trabaja, a través del Ciclo de la Inclusión, en el que se diseñan programas educativos, formativos y laborales para ayudar a adquirir las competencias adecuadas que favorezcan la empleabilidad de los jóvenes con discapacidad. “Y al mismo tiempo -ha añadido- trabajamos con las empresas en la implantación de estrategias de diversidad que procuren la creación de entornos inclusivos, y así favorecer la incorporación de este grupo de población al mercado laboral”.
Según esta Fundación, ha precisado Mesonero, “es en las empresas ordinarias donde cohabitan ambas realidades logrando así la plena inclusión de las personas con discapacidad”.
En esta ocasión, ha mantenido sendos encuentros con una delegación de AMIAB (encabezada por su presidenta, Encarni Rodríguez) y otra de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer y otras demencias seniles de Tobarra -AFA Tobarra- (con su presidente, Juan Villena, al frente), participando también en ésta última cita la propia alcaldesa de la localidad tobarreña, Amparo Ballesteros.
Las dos reuniones han servido para que García haya conocido de primera mano cuál es la situación actual de estas dos entidades de marcado carácter social y que tan imprescindibles resultan para muchas personas en nuestro territorio. Igualmente, sus interlocutores han podido explicarle sus respectivas evoluciones y los proyectos que desean poner en marcha a corto, medio y largo plazo, con el objetivo de seguir mejorando su ya encomiable capacidad de respuesta hacia quienes, en un momento determinado de su vida y por múltiples circunstancias, precisan de los servicios y de la atención que ambas prestan.
Una labor de valor “impagable” por la que la diputada ha querido darles nuevamente las gracias en nombre de la Diputación de Albacete que, les ha recordado, “siempre tendrá las puertas abiertas para recibirles, escucharles y estudiar de su mano cómo responder mejor a las necesidades de la gente”.
AMIAB es una Entidad Asociativa Nacional de Economía Social declarada de Utilidad Pública orientada a la consecución de la plena inclusión de las personas con discapacidad y/o en riesgo de exclusión social, en todos los ámbitos de la sociedad, priorizando el empleo y el deporte adaptado.
AFA Tobarra se fundó en noviembre de 2002 y, desde entonces, se vuelca en el apoyo (cada vez más integral) a quienes sufren Alzheimer y, especialmente, a sus familias, quienes sufren de modo intenso y directo también por esta enfermedad sin cura que afecta cada vez a más personas.
“Los fondos estructurales han de tener una finalidad netamente social, que hoy viene configurada por el Pilar Social Europeo, superando periodos anteriores en los que las necesidades sociales, más allá de la formación y el empleo, apenas tenían relevancia”, indica el Cermi en una nota.
A su juicio, “la nueva programación de fondos ha de ser sobre todo social, en la misma medida que sostenible y volcada con la transformación digital y la igualdad entre mujeres y hombres, pues estas finalidades son las grandes demandas de la ciudadanía europea, a las que la Unión Europea debe dar respuesta”.
Dentro de lo social, y en relación con las personas con discapacidad, “los fondos estructurales han de habilitar recursos de nuevo cuño para abordar estrategias de accesibilidad universal, garantía de nivel de vida adecuado, desinstitucionalización, educación inclusiva e igualdad de las mujeres y niñas con discapacidad, que son los retos mayores para lograr la inclusión de las personas con discapacidad, casi 100 millones en Europa”, concluye el Cermi.
En este sentido, defendió la reforma de la Constitución Española para dotar con rango de fundamentales los derechos sociales, económicos y culturales y blindarles con el máximo grado de protección y garantía.
Así lo manifestó este martes el presidente de la PTS, Luciano Poyato, durante el encuentro que Sánchez mantuvo con representantes de organizaciones sociales, consumo y sanidad, dentro de la ronda de reuniones que está teniendo con la sociedad civil con el objetivo de elaborar un programa abierto a sus propuestas.
Poyato explicó que para garantizar la sostenibilidad es necesario aprobar, de manera urgente, el Programa de Impulso a las entidades del Tercer Sector, contemplado en la Ley del Tercer Sector, una norma que se aprobó en 2015 y que debería haberse desarrollado al año de entrada en vigor (2016). Para Poyato, “esto es imprescindible y urgente para garantizar la estabilidad del Tercer Sector y para seguir ofreciendo soluciones viables a los problemas de exclusión social que existen en la sociedad”.
Además, aseguró que esa sostenibilidad pasa por desarrollar el reglamento de la nueva casilla del 0,7% con fines sociales del Impuesto de Sociedades, una medida que las empresas han tenido oportunidad de marcar, por primera vez, en este ejercicio.
De la misma manera, resaltó la importancia de mantener el modelo de doble tramo de las subvenciones con cargo a la casilla de ‘otros fines sociales’ de la declaración de la renta o IRPF, conocida comúnmente como ‘X Solidaria’.
Actualmente, las CCAA gestionan el 80% de estos fondos y el Estado el 20% restante. “Es imprescindible que la Administración General del Estado mantenga este porcentaje para contribuir a cohesionar el Tercer Sector a nivel nacional y luchar así contra la desigualdad que existe entre los diferentes territorios”, manifestó el presidente de la PTS.
Por último, Poyato hizo hincapié en la validez del decálogo electoral presentado por la PTS a las formaciones políticas durante los comicios del mes de abril y resaltó la necesidad de, precisamente, desarrollar la Ley del Tercer Sector y la Estrategia de Lucha contra la Pobreza, aprobada recientemente, pero aún sin desarrollar el futuro Plan de Acción para 2020. De la misma manera, insistió en el impulso de la Agenda 2030.
Una delegación del Cermi ha participado, junto a otras entidades del ámbito sociosanitario, en una reunión convocada por parte del presidente del Gobierno en funciones y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, y la actual ministra en funciones de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo. En concreto, por parte del Cermi asistieron Concha Díaz y Santiago López Noguera, dos de los vicepresidentes de la entidad, y la directora ejecutiva, Pilar Villarino.
Entre las prioridades que el Cermi mantiene que deben introducirse en la agenda pública en materia de discapacidad se encuentra la necesidad de retomar el proyecto de reforma constitucional iniciado en la anterior legislatura, con el fin de modificar el artículo 49 de la Carta Magna para reforzar la protección de los derechos de las personas con discapacidad y actualizar la terminología con la que se hace alusión a las personas con discapacidad.
La entidad también exige una reforma del Código Penal para erradicar las esterilizaciones forzosas por razón de discapacidad, una práctica que sufren sobre todo mujeres y niñas. Igualmente, reclama una modificación del Código Civil para migrar de un modelo de incapacitaciones basado en la supresión de la capacidad jurídica a otro centrado en la provisión de apoyos en la toma de decisiones.
Asimismo, insta a aprobar una nueva legislación de inclusión laboral de personas con discapacidad; garantizar el derecho a la educación inclusiva; apostar con mayor fuerza por la figura del asistente personal, para extenderla a toda persona que precise de apoyos para su autonomía; asegurar el cumplimiento de la obligación legal de accesibilidad universal a los entornos, comenzando por la vivienda; reforzar el diálogo con las organizaciones de la sociedad civil; garantizar la sostenibilidad del tercer sector, y cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible “sin dejar a nadie atrás”.
En cuanto a la situación política actual, el Cermi señala que “no pretende inmiscuirse en cómo debe actuar cada fuerza política en cuestiones de pactos”, pero apela a la responsabilidad de los partidos “para que estén a la altura de las expectativas y anhelos de la ciudadanía, que no entiende esta parálisis”. A su juicio, “se necesita un Gobierno sin más dilación, porque se está desperdiciando una colosal ventana de oportunidad en términos sociales”.
“Lo social no es una cuestión menor o lateral en la agenda política, debería ser central y esencial en la acción pública.
Si ha de ser algo, el nuevo Gobierno ha de ser netamente social. Es lo que más valora la ciudadanía y lo que pocas veces está en la primera posición de la atención y la acción política”, asevera la entidad.
Por último, el Cermi subraya que las políticas sociales se construyen en diálogo permanente y con el consenso de la sociedad civil, “que es coprotagonista”, por lo que reclama que los ministerios sociales “dejen de ser moneda de cambio de escaso valor en cualquier negociación política”.
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