• En el manifiesto que la entidad ha elaborado con motivo de los 30 años de la aprobación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que se cumplen este miércoles

(Madrid, 19 de noviembre de 2019).- El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha denunciado que la infancia con discapacidad sigue afrontando en España “graves situaciones de desigualdad, exclusión y ausencia de bienestar, que lastran las posibilidades efectivas de desarrollar y maximizar sus potencialidades, disponiendo de condiciones para que el libre desarrollo de su personalidad y su participación y aportación a la vida en comunidad sean una realidad”.

Así lo recoge el manifiesto de la entidad elaborado con motivo de la celebración este 20 de noviembre del Día Universal del Niño, cuando además, se cumplen tres décadas de la aprobación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, tratado internacional de obligado cumplimiento que hace mención expresa a la infancia con discapacidad. Asimismo, la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad insta a los estados a garantizar la protección de los derechos de esta parte de la ciudadanía.

En España, según la Encuesta sobre Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia, residen alrededor de 130.000 niñas y niños con discapacidad menores de 15 años. Esta cifra supone el 2% del total de menores de 15 años residentes en el país.

REIVINDICACIONES

Para acabar con la falta de igualdad que sigue existiendo, pese al marco legal estatal e internacional, el CERMI pide mejorar la atención temprana, ya que “los dispositivos públicos de promoción de la autonomía personal a través de la atención temprana y el desarrollo infantil son precarios, discontinuos y claramente insuficientes, lo que incide de modo muy negativo en la infancia con discapacidad”.

En su manifiesto, la plataforma representativa de la discapacidad en España pide dejar atrás las “institucionalizaciones forzosas” de algunos menores con discapacidad, incrementando los apoyos y sistemas que contribuyan a que puedan vivir en comunidad, apostando por la autonomía personal. Además, plantea la necesidad de garantizar el derecho a la educación inclusiva del alumnado con discapacidad, garantizando siempre los recursos necesarios para que exista verdadera igualdad de oportunidades.

Por otra parte, la entidad resalta que “es inaplazable desterrar del ordenamiento jurídico español cualquier vestigio favorable o permisivo con la esterilización forzosa, garantizando a las personas con discapacidad sus derechos sexuales y reproductivos, sin merma ni restricciones”. Del mismo modo, recuerda que esta práctica, que contraviene la Convención Internacional de la Discapacidad, la sufren principalmente las adolescentes y jóvenes con discapacidad.

Por último, el CERMI reclama garantizar el acceso en igualdad de condiciones a toda la infancia con discapacidad a los servicios sanitarios; reforzar la lucha contra problemas a los que se ven más expuestos los niños y niñas con discapacidad como es la violencia o el riesgo de pobreza; fortalecer el apoyo a las familias en cuyo seno residen menores con discapacidad, y garantizar que los niños y niñas con discapacidad puedan participar de manera activa, con los apoyos necesarios, en los procesos de toma de decisiones que les afectan.

Fuente: CERMI. 08/11/2019.-  El Comité Español de Representantes de /ersonas con Discapacidad (CERMI) ha instado a las Comunidades Autónomas a revisar y actualizar al alza, superando los mínimos estatales, la cartera de servicios de la prestación ortoprotésica del Sistema Nacional de Salud, para que las personas que necesitan prótesis, prótesis y otros productos de apoyo puedan mejorar su autonomía personal y su participación social.

Las Comunidades Autónomas tienen hasta fin de este año 2019 para adecuar la prestación ortoprotésica que dispensan a través de sus servicios de salud a la nueva regulación estatal aprobada en el primer trimestre del año, que entró en vigor el 1 de julio y que otorgaba un plazo de seis meses a los gobiernos autonómicos y a las entidades gestoras para actualizarla.

En este proceso de puesta al día de esta importante prestación, el CERMI exige a los gobiernos regionales que establezcan procesos de diálogo y negociación con la representación de la discapacidad organizada de sus territorios, para que el resultado sea consensuado y entre en vigor y esté operativa plenamente el 1 de enero de 2020.

Además de que la actualización sea dialogada, el CERMI emplaza a las Comunidades Autónomas que, en virtud de sus atribuciones, puedan ir más lejos de los mínimos estatales, incluyendo nuevos ítems de artículos y productos que no están en la norma básica y que mejoren las condiciones de acceso a los mismos.

La prestación ortoprotésica del sistema nacional de salud fue revisada a comienzos de este año, introduciéndose casi 50 artículos nuevos, tras décadas de paralización, que la habían tornado obsoleta. Aun así, pese a la presión del CERMI, principal interlocutor  del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social para lograr esta reforma, quedan aspectos de mejora no conseguidos como la inclusión de productos de apoyo para la práctica deportiva, la eliminación de cualquier barrera de edad en el acceso a las prótesis auditivas y la incorporación de últimos artículos que ofrece la tecnología y el mercado, sobre los que la discapacidad organizada seguirá insistiendo al nuevo Gobierno que se forme tras las elecciones del 10 de noviembre.

• • El presidente del CERMI Estatal concedió una entrevista a CMM, la radio autonómica de Castilla-La Mancha, en la que subrayó la necesidad de retomar los trabajos iniciados para la reforma del artículo 49 de la Constitución

   (Toledo, 4 de noviembre de 2019). – El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno, aseguró este lunes que si desde la discapacidad organizada se pronuncian sobre la repetición de las elecciones “no es porque lo nuestro sean las tertulias y el análisis político al uso, sino porque si no hay estabilidad parlamentaria, si no hay Gobierno que tenga vocación de medio y largo plazo, nuestra agenda política está bloqueada y atorada”.

  Pérez Bueno hizo estas declaraciones en una entrevista en la emisora ‘CMM’, la radio autonómica de Castilla-La Mancha, en la que repasó las prioridades de las personas con discapacidad y sus familias que no se están pudiendo atender por el contexto político actual. Se puede acceder a la entrevista íntegra en este enlace: https://www.cmmedia.es/listas-de-reproduccion/informacion/podcasts/0_rbf5usna.

  Entre estos asuntos, destacó la reforma del artículo 49 de la Constitución, con el fin de reforzar la protección de los derechos de las personas con discapacidad y de actualizar la terminología con la que la Carta Magna hace alusión a esta parte de la ciudadanía. En este punto, recordó que los trabajos ya se iniciaron en la pasada legislatura “con un apoyo casi unánime”, por lo que “sería la primera reforma social de la Constitución, y si la hacemos bien, podría apuntarse posteriormente a otra gran modificación, que sería la constitucionalización de los derechos sociales”.

  Asimismo, el presidente del CERMI urgió a que en la próxima legislatura se retome el proyecto de modificación del Código Civil para pasar de un modelo de sustitución de la capacidad jurídica a otro basado en la provisión de apoyos en la toma de decisiones.

  También denunció que se mantenga en el Código Penal la posibilidad de que se puedan practicar esterilizaciones forzosas por razón de discapacidad, algo que sufren sobre todo mujeres y niñas. “No es un asunto muy voluminoso cuantitativamente, pero es improcedente y ofende a una moral pública exigente, por lo que tiene que ser desterrado de nuestro ordenamiento jurídico cuanto antes”, ahondó.

  Por otro lado, Pérez Bueno analizó la situación del Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia que, según indicó, “dio esperanzas de que se abordarían en clave de derechos determinadas prestaciones y apoyos”. En cambio, lamentó que “se ha quedado un sentimiento de cierta estafa, porque se nos prometió muchísimo y apenas hemos encontrado nada”.

  En este sentido, criticó las desigualdades territoriales y “la falta de liderazgo del Estado”, así como que existan unas 300.000 personas con derecho a apoyos o prestaciones reconocidas y no se les esté proporcionando, lo que “sería inasumible” con personas que no cobraran una pensión, “pero en cambio, sucede con la dependencia, y no pasa nada”.

  El responsable del CERMI abordó también cuestiones como la necesidad de garantizar el derecho a la educación inclusiva o la importancia de proporcionar los apoyos y servicios que las personas con discapacidad que residen en el entorno rural precisen. “Lo que le pasa de negativo a España le ocurre en términos corregidos y aumentados a las personas con discapacidad”, advirtió Pérez Bueno en relación a la situación de la denominada ‘España vaciada’.

   “Tener una discapacidad y necesitar apoyos significa casi indefectiblemente tener que abandonar el entorno rural, el pueblo en el que se quiere vivir, porque si no, las personas con discapacidad se ven privadas de los servicios que precisan. La fuerza que se ejerce sobre ellas para que dejen el medio rural es todavía mayor que sobre otros grupos sociales”, apostilló el presidente del CERMI.