Con motivo de la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) se pone a disposición del nuevo Ejecutivo para contribuir a que todas las administraciones públicas garanticen los derechos de todas las personas con discapacidad y su plena participación en igualdad de condiciones en todos los aspectos de la vida.
COCEMFE quiere hacer hincapié en la importancia de que el Gobierno se vuelque en promover el cumplimiento de la normativa nacional, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Agenda 2030 de Naciones Unidas, contando en todo momento con la participación de las personas con discapacidad y su movimiento asociativo.
“La legislación que recoge los derechos de las personas con discapacidad tiene que tener el mismo peso que el resto del ordenamiento jurídico, estableciendo los mecanismos necesarios para que todos los horizontes que se van marcando se cumplan una vez llegada la fecha”, afirma el presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga, quien asevera que “el nuevo Gobierno, y cualquier Administración, tiene que ocuparse también de que no se produzca ningún retroceso y de establecer un marco normativo y financiero que consolide el ejercicio de derechos y el acceso a las prestaciones, con independencia de la situación política del momento”.
La entidad considera que nuestro país tiene importantes retos legislativos pendientes de aprobación para avanzar en la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, teniendo como marco de referencia que vivimos en una sociedad diversa e inclusiva, lo que implica que todas las políticas deben estar basadas en esa concepción de la sociedad.
“Tenemos que tener todas las posibilidades de alcanzar una autonomía plena y, para ello, es fundamental que el Gobierno garantice nuestro acceso a la sanidad universal y a todos los tratamientos necesarios para la protección de nuestra salud y que legisle, de una vez por todas, la figura de la asistencia personal, un apoyo que surgió del movimiento asociativo para las personas con discapacidad física con un mayor nivel de dependencia y que después de 13 años en nuestro ordenamiento jurídico sigue en el limbo”, apunta Queiruga.
De igual modo, las exenciones de copago para personas con discapacidad menores de 18 años previstas en el acuerdo de Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, deberían extenderse a todas las personas con discapacidad, y las mejoras anunciadas por ambas formaciones para la prestación ortoprotésica responder a las necesidades individuales de las personas.
En materia de inclusión laboral, COCEMFE apuesta por una nueva ley de empleo que garantice el acceso al mercado laboral en igualdad de condiciones e instaure un nuevo modelo que armonice todas las medidas existentes e incluya mejoras como una cuota de reserva en las medianas empresas y un aumento proporcional de la cuota de las grandes empresas en función del número de trabajadores en plantilla.
Además, “el sistema educativo debe transformarse”, a juicio de Queiruga, para “superar el actual modelo integrador y pasar al modelo de la inclusión que garantiza el derecho del alumnado con discapacidad a una educación inclusiva, de calidad y en un único sistema, donde la escolarización se realiza en centros ordinarios, que a su vez disponen de los recursos necesarios para atender la diversidad de las personas”.
En pleno año 2020, sigue habiendo más de 100.000 personas con movilidad reducida que no pueden salir de sus propias casas. Por eso, COCEMFE reivindica la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para que sea obligatorio realizar las obras de accesibilidad en los edificios de viviendas y espera que el Plan Estatal para la Rehabilitación de Viviendas, recogido en el acuerdo de Gobierno, proporcione la financiación pública suficiente para que la responsabilidad de garantizar la movilidad de las personas no recaiga en la ciudadanía.
Con objeto de que todas las personas con discapacidad tengan el mismo reconocimiento y ejercicio de derechos, COCEMFE espera que el nuevo Gobierno proporcione una atención prioritaria a la discapacidad orgánica, empezando por la aprobación de un nuevo baremo de reconocimiento del grado de discapacidad que sea equitativo, justo y cumpla con los criterios de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF).
“Para conseguir nuestra inclusión social plena también es necesario un cambio cultural profundo que conciba a las personas con discapacidad desde una visión de derechos humanos, sin paternalismos y comprendiendo que tenemos los mismos derechos y obligaciones que cualquiera”, afirma Queiruga. Como parte de este cambio cultural nos encontramos también con la necesidad de una correcta utilización del lenguaje para referirnos a nuestro grupo social ya que el lenguaje no es inocuo, por lo que pedimos encarecidamente se utilice el término “personas con discapacidad”, recogido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en el ordenamiento jurídico español y por el que COCEMFE y su movimiento asociativo apuesta.
“La utilización de otra terminología, como diversidad funcional, genera confusión, inseguridad jurídica y rebaja la protección que todavía es necesaria. La diversidad es aplicable a todas las personas, por tanto, además de ser ambiguo, hace invisible a nuestro grupo social y oculta su realidad”, concluye el presidente de COCEMFE.
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