El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y la Fundación CERMI Mujeres han reclamado a los grupos parlamentarios que la supresión del Código Penal de la esterilización forzosa de personas incapacitadas judicialmente sea una de las primeras leyes que se aprueben en la nueva Legislatura, si esta finalmente se consolida y no hay disolución de las Cámaras.
La permanencia de la posibilidad de someter a prácticas de esterilización sin el consentimiento de la propia persona, fundamentalmente mujeres con discapacidad, es hoy la mayor violación de derechos contra las personas con discapacidad que persiste en nuestro ordenamiento jurídico, por lo que urge su desaparición legal.
Precisamente el pasado mes de abril el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas instó a España, en sus observaciones tras el examen del cumplimiento por nuestro país de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a derogar del Código Penal en el plazo de un año esta facultad, gravemente contraria a los derechos humanos.
Para dar efectividad a este mandato, el CERMI anima a los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado a presentar cuanto antes la correspondiente iniciativa legislativa de reforma del Código Penal, cuyo texto modelo la plataforma de la discapacidad tiene preparado, para desterrar definitivamente del Derecho español la esterilización forzosa.
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