COCEMFE acompaña en plena pandemia a más de 1.500 empresas en su camino hacia la inclusión

COCEMFE acompaña en plena pandemia a más de 1.500 empresas en su camino hacia la inclusión

 

  • COCEMFE desarrolló en 2020 un programa estratégico de soporte e innovación para la activación y atención a personas con discapacidad con necesidades de inserción laboral 
  • Este programa acompañó a más de 1.500 empresas en su camino hacia la transformación inclusiva y logró un total de 513 contrataciones de personas con discapacidad física y orgánica
  • Financiado a través del 0,7% del IRPF gestionado por COCEMFE, este programa es posible gracias a las personas que marcan la X Solidaria en su declaración de la renta 

 

(Madrid, 17 de febrero de 2021) .- La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) acompañó en 2020 a un total de 1.540 empresas interesadas en mejorar su atención a la diversidad social y avanzar en su transformación en Empresas Inclusivas a través del ‘Programa estratégico de soporte e innovación para la activación y atención a personas con discapacidad con necesidades de inserción laboral promovidas por sus entidades’, desarrollado en 14 localidades con la colaboración del Movimiento Asociativo de COCEMFE.

Pese a las condiciones tan adversas generadas como consecuencia de la pandemia de la COVID-19, que ha tenido especial incidencia sobre el empleo de las personas con discapacidad, la red de Antenas de Empleo de COCEMFE analizó en este periodo junto a los/as responsables de las empresas, las características y requerimientos de 333 puestos de trabajo para la mejora y acceso de personas con discapacidad, e intermedió con estas para lograr finalmente un total de 513 contrataciones. De igual modo, pese a las dificultades que viven actualmente estas organizaciones, se ha afianzando el compromiso mutuo de colaboración y se firmaron 54 convenios para emprender acciones conjuntas destinadas a promover la mejora de la inclusión laboral de las personas de este grupo social.

“Desde que se desencadenó la pandemia, hemos conseguido mantener el desarrollo ininterrumpido de los servicios de empleo que prestamos a personas con discapacidad y empresas, prestando la atención que en función de la situación epidemiológica era recomendable en cada momento, tanto telemática como presencial” destaca el presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga. 

En este sentido, añade que “la labor desarrollada en materia de empleo ha sido fundamental, especialmente en aquellos meses en los que se suspendió prácticamente la actividad general, cuando estuvimos al lado de las personas usuarias de nuestros servicios y ayudando a las empresas a continuar apostando por la inclusión laboral”.  

“En el caso de las mujeres con discapacidad, las brechas de género relacionadas con la corresponsabilidad familiar, el desempleo, las condiciones contractuales y disposición de rentas se han visto incrementadas este año de manera exponencial como consecuencia de la COVID-19”, explica Queiruga. 

Para hacer frente a la destrucción de empleo y el empeoramiento de las condiciones de trabajo de las mujeres con discapacidad, otra de las acciones de este programa en 2020 ha sido la incorporación de la perspectiva de género como eje vertebrador de la intervención de los Servicios de Empleo en cada territorio, ofreciendo una propuesta coordinada de atención de mayor intensidad y cercanía.

Finalmente, el portal de empleo de COCEMFE ha registrado un elevado incremento de personas registradas, superando la cifra de 50.000 perfiles en los diferentes territorios del país. 

Del mismo modo, la plataforma formativa Campus COCEMFE ha supuesto una herramienta fundamental para la formación tanto del personal técnico, como de las personas usuarias en materia de competencias laborales, lo que ha mejorado sustancialmente su empleabilidad.

Este programa ha sido renovado para su continuidad en 2021, gracias a una subvención procedente del 0,7% del IRPF del ahora Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Proyectos como este se desarrollan gracias a la solidaridad de las personas contribuyentes que cada año marcan en su declaración de la renta la casilla de Actividades de Interés general consideradas de interés social, la X Solidaria.

 

El CERMI plantea al Congreso que refuerce la protección legal de los consumidores con discapacidad

El CERMI plantea al Congreso que refuerce la protección legal de los consumidores con discapacidad

  • Propuestas de enmiendas del movimiento CERMI y CERMI Mujeres al Proyecto de Ley de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica.

(Madrid, 16 de febrero de 2021).- El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI Estatalha planteado a los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados que refuerce la protección legal de los consumidores con discapacidad.

Estas propuestas de enmiendas planteadas por el movimiento CERMI y CERMI Mujeres al Proyecto de Ley de Protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica están orientadas a mejorar determinados aspectos de esta Ley y a otorgar una protección reforzada a las personas con discapacidad en el ámbito del consumo.

No obstante, el CERMI acoge de manera favorable esta legislación, ya que supone la regulación legal por primera vez en España de la categoría de persona consumidora vulnerable, lo cual permitirá dotar de mayor protección y garantía de sus derechos a esta tipología de usuarios.

Propuestas de enmiendas

En este contexto, el CERMI propone incorporar al preámbulo del texto legal el mandato internacional directo del tratado de derechos humanos que supone la Convención de Naciones Unidas.

Asimismo, plantea incidir en el mayor riesgo de exclusión motivado por la suma de los factores de interseccionalidad asociados a la discapacidad. Es el caso de los supuestos de personas mayores y especialmente de mujeres mayores y mujeres con discapacidad, donde se agrava la situación de vulnerabilidad, aumentando el riesgo de exclusión.

El CERMI también indica que se especifique a las mujeres con discapacidad víctimas de violencia y de trata como grupo en el que se agrava exponencialmente el riesgo de exclusión social por la violencia de género, frustrando sus posibilidades de inserción en el mundo laboral o sus expectativas de independencia económica, todo ello como consecuencia del control que ejerce el agresor sobre las víctimas mujeres.

También propone que se amplíen las situaciones que motivan la consideración de consumidoras vulnerables de las personas con discapacidad y, especialmente las mujeres con discapacidad. Por una parte, hace referencia a las dificultades en el acceso a la información, la necesidad de una protección más intensa contra exclusiones, discriminaciones y abusos o el sobrecoste económico de la discapacidad, entre otras causas. Y, por otro, señala que a la brecha digital hay que agregar los sesgos de género y discapacidad en el análisis de datos masivos, que afectan claramente al diseño de políticas de impacto social como las políticas de consumo.

En relación a los derechos básicos de los consumidores y usuarios, el CERMI insiste en la importancia capital de preservar la accesibilidad de la información sobre los diferentes bienes o servicios, incluido el etiquetado en braille; al tiempo que considera que hay que especificar que cualquier persona consumidora debe poder manifestar su consentimiento con garantías y, por otra parte, que las organizaciones de la sociedad civil de la discapacidad deben poder acompañar a las personas con discapacidad en la representación de sus intereses si así lo solicita.

En cuanto a la información del producto del consumo, el CERMI pide incluir información sobre posibles alergias si se trata de productos alimentarios, o información sobre atención al cliente y procedimiento de reclamación, ya que considera que son cuestiones “importantes” que la persona debe conocer para tomar una decisión informada.

Otra de las propuestas del CERMI es incluir el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social como referencia para completar la protección de las personas con discapacidad.

Por último, también considera que las políticas públicas en materia de consumo siempre deben velar en primera instancia por la no discriminación de las personas consumidoras vulnerables.

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